La APBC pide seguridad jurídica para continuar con la concesión administrativa y recuerda que prevé restaurar el faro con fondos del programa del 2% Cultural.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) confía en que la declaración del Faro de Trafalgar como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobada por el Consejo de Ministros, sea compatible con la concesión administrativa que tramita para la puesta en valor de este enclave.
La entidad portuaria ha expresado su «máximo respeto» por la declaración, que considera un reconocimiento al «indudable valor histórico, arquitectónico y marítimo» del faro, aunque ha señalado que todavía no ha recibido comunicación oficial de la decisión.
La concesión administrativa se enmarca en el proyecto ‘Faros de España’, impulsado por el entonces Ministerio de Fomento, y responde a los objetivos recogidos en el Marco Estratégico de Puertos del Estado para acercar las ayudas a la navegación a la ciudadanía mediante usos complementarios compatibles con su función.
Según la APBC, cuando se anunció la incoación del expediente para declarar el faro BIC, el procedimiento concesional se encontraba «en una fase muy avanzada». La nueva situación, ha indicado, introduce circunstancias que «deben ser analizadas».
La Autoridad Portuaria asegura que, tras conocer el inicio del expediente, solicitó al Ministerio de Cultura que aclarara las posibles implicaciones de la declaración BIC sobre la concesión administrativa en tramitación. La entidad afirma que no ha recibido respuesta hasta el momento y que, tras la declaración definitiva, ha reiterado formalmente esta petición para disponer de la «seguridad jurídica necesaria» que permita continuar con el procedimiento.
Además, la APBC ha recordado que tiene prevista una intervención de restauración del Faro de Trafalgar en el marco del programa del 2% Cultural, una actuación que considera una muestra de su compromiso con la conservación y recuperación de este patrimonio marítimo.
La entidad portuaria defiende, en este sentido, que la protección del patrimonio y su puesta en valor para el disfrute de la ciudadanía «no son objetivos incompatibles». Por ello, confía en que puedan encontrarse soluciones que permitan conciliar ambos intereses, siempre «respetando en todo momento la legalidad, los valores patrimoniales del faro y su función esencial para la seguridad marítima».
