Sergio Cáceres reclama a la alcaldesa que retire al concejal de sus delegaciones mientras permanezca abierto el procedimiento administrativo y exige transparencia en su tramitación.
El grupo municipal 100×100 Unidos por Conil ha reclamado el cese temporal del concejal de Policía del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, Manuel Almazo, mientras permanezca abierto el procedimiento administrativo relacionado con unas obras ejecutadas en una parcela del municipio.
El portavoz de la formación, Sergio Cáceres, ha realizado esta petición después de conocerse la denuncia formulada por la Policía Local tras una inspección realizada en una parcela situada en la zona de Roqueo. Según la información publicada, las obras que se estaban ejecutando no se corresponderían con la actuación autorizada mediante una licencia municipal para la instalación de una pérgola desmontable.
Cáceres ha subrayado que su formación no pretende prejuzgar los hechos y ha señalado que serán los técnicos municipales y el procedimiento administrativo correspondiente los que deberán determinar si las obras se ajustaban o no a la autorización concedida.
No obstante, el portavoz de 100×100 Unidos por Conil considera que la condición de concejal de Almazo introduce una dimensión política e institucional en el asunto. En este sentido, ha defendido que los procedimientos urbanísticos deben aplicarse con los mismos criterios a todos los ciudadanos, independientemente de quién sea la persona afectada.
Por este motivo, la formación de la oposición pide a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, que acuerde el cese temporal de Manuel Almazo de todas sus delegaciones mientras permanezca abierto el procedimiento y hasta que se esclarezcan los hechos.
Además, 100×100 Unidos por Conil reclama al Ayuntamiento que informe públicamente sobre la licencia concedida, las actuaciones administrativas realizadas, el procedimiento iniciado y los pasos que se seguirán a partir de ahora.
Durante su intervención, Sergio Cáceres también ha defendido la necesidad de diferenciar entre la problemática de las viviendas irregulares que afecta a numerosas familias del municipio y la responsabilidad de ejemplaridad que, a su juicio, corresponde a quienes desempeñan cargos públicos.
El portavoz ha insistido en que la petición de su grupo no supone una condena de Manuel Almazo y ha reclamado que el expediente se tramite con independencia y sin interferencias, garantizando que la normativa se aplique por igual a todos los ciudadanos.
