El alto tribunal andaluz desestima el recurso de Antonio Casado y ratifica la condena por las 235 transferencias realizadas desde las cuentas de la parroquia del Divino Salvador entre 2014 y 2018.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta al sacerdote Antonio Casado por apropiarse de 389.975 euros procedentes de los fondos de la parroquia del Divino Salvador de Vejer. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el condenado, que solicitaba su absolución o, de forma subsidiaria, una reducción de la pena.
La sentencia ratifica el fallo dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, que consideró probado que el entonces párroco realizó 235 transferencias bancarias a su favor entre enero de 2014 y mayo de 2018, por un importe total de 389.975 euros.
Según los hechos probados, el sacerdote justificó los movimientos económicos alegando que necesitaba afrontar una supuesta extorsión relacionada con la adopción de un menor procedente de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el tribunal no consideró acreditada esta explicación y concluyó que el dinero se destinó a incrementar el patrimonio personal del acusado.
La resolución judicial también condenó a una mujer a seis meses de prisión como cooperadora necesaria en las operaciones, que dejaron a la parroquia prácticamente sin fondos y permitieron el enriquecimiento particular de ambos condenados.
En su recurso de apelación, Antonio Casado solicitó la revocación de la sentencia y del auto complementario que incrementó su condena. Además de reclamar la libre absolución, pidió que se aplicaran las atenuantes de error de prohibición y dilaciones indebidas para modificar la pena.
El TSJA rechaza los argumentos de la defensa y descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Entre los elementos probatorios valorados figuran el reconocimiento del propio acusado de haber realizado las transferencias, los extractos bancarios, los informes de la Policía Judicial y los indicios relativos a la ocultación de cuentas parroquiales durante la rendición anual de cuentas al Obispado.
