El Tribunal de Instancia e Instrucción de Chiclana y la Audiencia Provincial de Cádiz han ratificado el archivo de la denuncia relacionada con un expediente urbanístico de un AFO.
La alcaldesa de Conil de la Frontera, Inmaculada Sánchez Zara, ha informado del sobreseimiento definitivo del procedimiento penal iniciado contra ella por una presunta prevaricación administrativa relacionada con la tramitación de un expediente urbanístico de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO). Según ha comunicado el Ayuntamiento, la resolución dictada por el Tribunal de Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera ha sido ratificada por la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Provincial de Cádiz, después de que la parte denunciante agotara los recursos previstos en la vía penal.
El procedimiento tuvo su origen en la tramitación municipal de un expediente relativo al reconocimiento de la situación de AFO de una edificación vinculada al entorno del entonces socio de gobierno y concejal Sergio Cáceres. De acuerdo con la versión trasladada por la alcaldesa, los servicios técnicos municipales analizaron la solicitud y emitieron informes desfavorables al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos por la normativa urbanística vigente.
La decisión municipal fue recurrida posteriormente por la parte interesada ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Paralelamente, en abril de 2025 se presentó una denuncia penal contra la alcaldesa por una supuesta prevaricación relacionada con este asunto.
Tras el sobreseimiento acordado inicialmente por los tribunales, la parte denunciante recurrió la decisión, pero los recursos planteados no prosperaron. Con la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz, según informa el Ayuntamiento, queda definitivamente cerrada la causa en el ámbito penal.
Sánchez ha hecho pública la resolución para trasladar a la ciudadanía su posición y ha defendido que el Ayuntamiento actuó desde el primer momento conforme a los informes técnicos y a la normativa aplicable. La alcaldesa ha reafirmado su compromiso con la legalidad en la gestión municipal y con la defensa del interés general.
“No he llegado aquí para facilitar tratos de favor a nadie”, ha señalado Sánchez, quien ha asegurado que su objetivo durante la legislatura es gobernar para el conjunto de Conil “dentro de la legalidad”.
La regidora también ha considerado que la vía judicial fue utilizada como mecanismo de presión ante una decisión municipal con la que la parte interesada no estaba de acuerdo. En este sentido, ha atribuido una “intención política” al portavoz de Siempre Conil, Sergio Cáceres, y ha señalado que interpreta el procedimiento como una “instrumentalización política”.
La alcaldesa ha insistido finalmente en que el Consistorio actuó “con la serenidad de saber que habíamos cumplido rigurosamente con la ley” y ha manifestado su intención de continuar trabajando para garantizar una gestión municipal “justa, transparente y centrada en las necesidades de todo el pueblo de Conil”.
