Los socialistas piden explicaciones al alcalde por la decisión y reclaman que se hagan públicos los contratos y facturas abonados a la empresa adjudicataria.
El PSOE de Medina Sidonia ha cuestionado la decisión del Ayuntamiento de prorrogar durante dos años el contrato de los servicios de información turística y guías de turismo, por un importe de 266.234,97 euros, y reclama explicaciones al alcalde, José Manuel Ruiz Alvarado, por haber aprobado la medida pese a los reparos formulados por la Intervención municipal.
Según denuncia la formación socialista, la prórroga fue aprobada mediante el Decreto 0764/2026, de 16 de julio, coincidiendo con la fecha de finalización del contrato. El PSOE sostiene que el informe de la Interventora General emitido ese mismo día calificó el expediente como “fiscalizado con reparos” y planteó que debía suspenderse su tramitación debido a la omisión de requisitos o trámites que considera esenciales.
La formación asegura que entre las observaciones realizadas por Intervención figura la ausencia de la publicación del anuncio de licitación del nuevo contrato con la antelación mínima exigida respecto a la finalización del contrato vigente. También señala que el expediente fue remitido a Intervención el mismo día en que vencía el contrato, circunstancia que, según los socialistas, motivó que se reclamara una mayor planificación al Ayuntamiento.
El contrato al que se refiere la denuncia corresponde a los servicios de información turística y guías de turismo en edificios de titularidad municipal. La documentación pública de contratación recoge que el expediente, con número 62/24, tuvo un presupuesto de 266.234,97 euros y fue adjudicado en julio de 2024 a Montaña Narváez Guerrero por 254.133,88 euros, con un plazo de ejecución de dos años.
El PSOE reclama ahora que el Ayuntamiento explique las circunstancias que rodearon la tramitación de la prórroga y que haga públicos los contratos, adjudicaciones y facturas abonados a la empresa. La formación sostiene que la facturación acumulada podría superar los 500.000 euros al incluir, además de los servicios turísticos, trabajos relacionados con ferias y eventos, aunque esta última cantidad no ha sido acreditada en la documentación pública consultada.
Los socialistas también vinculan su denuncia con la investigación judicial en la que figura el alcalde como investigado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Según informaciones publicadas anteriormente, el procedimiento se tramita en el Juzgado de Instrucción número 5 de Chiclana de la Frontera, dentro de las diligencias previas 298/25.
El PSOE reclama que se aclaren tanto las circunstancias de la prórroga como el volumen total de recursos públicos abonados a la empresa y defiende que la ciudadanía debe disponer de la documentación relativa a estos contratos. Las acusaciones y valoraciones sobre una eventual ilegalidad de la decisión corresponden, en este caso, a la formación socialista y no implican por sí mismas una resolución judicial sobre la legalidad de la actuación municipal.
