Los populares reclaman explicaciones a la alcaldesa por una licencia vinculada al CEPER Almadraba y aseguran haber detectado indicios que podrían apuntar a un presunto delito de falsedad documental.
El Partido Popular de Conil ha denunciado la existencia de posibles indicios de falsificación documental tras acceder al expediente relacionado con el denominado «Caso Almazo». Antonio Aragón, presidente del PP de Conil, ha explicado que su formación tuvo que solicitar hasta en tres ocasiones el acceso a la documentación y que esta no fue facilitada hasta más de 15 días después de la primera petición, realizada el pasado 28 de agosto.
Según Aragón, el expediente contiene una licencia que habría sido mostrada a los agentes de la Policía Local durante su intervención en la parcela vinculada al caso. El presidente popular asegura que, tras analizar el documento y sus códigos de verificación, se habría podido constatar que la licencia supuestamente utilizada correspondería a una obra municipal ejecutada en el CEPER Almadraba, concretamente para la construcción de una pérgola.
El dirigente del PP considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de falsedad documental. Aragón sostiene que existe además una contradicción entre la licencia localizada y las declaraciones públicas de la alcaldesa, quien, según el PP, afirmó que no había ninguna licencia concedida para la actuación. La formación reclama que se aclare el origen del documento y cómo llegó a manos del entonces concejal Manuel Almazo.
Aragón también ha cuestionado la gestión del expediente por parte del Gobierno municipal y ha reclamado a la alcaldesa un pronunciamiento público. En este sentido, ha preguntado si la posible falsificación ha sido puesta en conocimiento de la Policía Judicial y ha señalado que en el expediente ya constaría un informe policial, además de referencias a la intervención de la Guardia Civil.
Durante su comparecencia, el presidente del PP de Conil también ha cuestionado la documentación presentada para la obra menor, así como el presupuesto declarado, que según los datos expuestos ascendería a 3.510 euros más IVA. Asimismo, ha señalado que en el expediente figuran informes técnicos municipales y documentación con la que, según su versión, podría contrastarse la licencia mostrada a los agentes con la documentación original.
El PP concluye reclamando «rigor y transparencia» al Gobierno municipal y exige conocer qué actuaciones se han llevado a cabo tras los hechos. Las acusaciones planteadas por la formación popular deberán ser, en su caso, esclarecidas por los órganos competentes, que serán quienes determinen si existió falsificación documental y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
