La formación registra iniciativas en el Parlamento andaluz para conocer las actuaciones previstas en los centros afectados y garantizar la continuidad de la educación pública rural.
La coalición Por Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que dé explicaciones sobre el estado de varios colegios rurales de Conil de la Frontera y adopte medidas urgentes para garantizar la continuidad de la enseñanza pública en estos núcleos.
El parlamentario andaluz Ernesto Alba ha trasladado al Parlamento la preocupación existente entre numerosas familias por los problemas estructurales que afectan a distintos centros educativos rurales y que, según ha advertido, están generando incertidumbre sobre el futuro de varias líneas educativas.
Alba ha solicitado al Gobierno andaluz que aclare desde cuándo tenía conocimiento del deterioro de las instalaciones, qué labores de mantenimiento se han realizado en los últimos años y por qué se ha llegado a una situación que compromete la prestación del servicio educativo en estos centros.
Desde Por Andalucía sostienen que la escuela rural continúa siendo una de las grandes olvidadas de las políticas educativas autonómicas. En este sentido, la formación considera que los cierres, traslados y situaciones de incertidumbre repercuten directamente en las familias, el alumnado y la fijación de población en el medio rural.
La iniciativa parlamentaria registrada por el grupo incluye una batería de preguntas dirigidas a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para conocer la situación de los centros de La Isleta, San José de Calasanz y Majadales de Roche, así como las inversiones y actuaciones previstas.
La formación también reclama compromisos concretos sobre los plazos de ejecución de las mejoras necesarias y las medidas que se adoptarán para garantizar que estas comunidades educativas sigan disponiendo de una enseñanza pública cercana y de calidad.
Ernesto Alba ha asegurado que su grupo permanecerá vigilante para que la Junta actúe de forma inmediata y ha defendido que la educación pública en el medio rural debe ser reforzada y protegida como un servicio esencial para el territorio.
