El juzgado admite su participación como perjudicada por daños materiales en la causa por la muerte de los dos agentes.
El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate ha admitido la personación de la Dirección General de la Guardia Civil como acusación particular en el conocido caso Barbate, en el que fallecieron los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez tras ser arrollados por una narcolancha en febrero de 2024.
Según el auto judicial, la institución se incorpora al procedimiento como perjudicada por los daños ocasionados en sus bienes materiales, entre ellos la embarcación oficial en la que viajaban los agentes. No obstante, el juzgado precisa que esta personación no permitirá reabrir trámites ya finalizados ni realizar actuaciones procesales fuera de plazo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la decisión por considerarla “tardía”, al haberse producido más de dos años después de los hechos. En este sentido, lamenta que la Dirección General no pueda ejercer plenamente derechos procesales clave como la presentación de escrito de acusación, la proposición de pruebas o la solicitud de penas. Aun así, la asociación ha valorado positivamente cualquier respaldo institucional a las familias de las víctimas.
Por su parte, la AUGC ha venido ejerciendo la acusación popular desde el inicio del proceso, participando activamente en todas sus fases y manteniendo su compromiso de reclamar justicia en el juicio.
En paralelo, la representación legal de las familias de los agentes ha solicitado una condena de 119 años de prisión para el principal acusado, el piloto de la narcolancha, Karim E.B., además de una indemnización de 2,5 millones de euros.
El juez instructor ya dictó en febrero el pase a procedimiento con jurado popular para los dos principales investigados. Al piloto se le atribuyen dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad. Por su parte, uno de los tripulantes será juzgado por seis delitos de atentado, mientras que otros dos implicados afrontarán un procedimiento separado por contrabando y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió en varias ocasiones una embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, causando la muerte de los dos agentes. La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO), permitió identificar a los responsables tras analizar pruebas, testimonios y material audiovisual.
El principal acusado fue detenido en septiembre de 2024, siete meses después de los hechos, mientras que el resto de implicados fueron arrestados entre finales de 2024 y mayo de 2025.
