Inmaculada Sánchez considera “grave” que Antonio Aragón la señalara como “cómplice y encubridora” y defiende que el Ayuntamiento remitió el expediente a la Justicia el mismo día en que tuvo conocimiento de los indicios de una posible irregularidad.
La alcaldesa de Conil de la Frontera, Inmaculada Sánchez, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra el portavoz municipal del Partido Popular, Antonio Aragón, por las declaraciones realizadas el pasado viernes en relación con el expediente urbanístico que afecta al que fuera concejal Manuel Almazo.
Según la alcaldesa, Aragón la señaló públicamente como “cómplice y encubridora” de la comisión de un delito. Sánchez considera que estas manifestaciones constituyen una acusación grave y ha anunciado que el portavoz popular tendrá que responder ante los tribunales por ellas.
La regidora ha defendido la actuación del Ayuntamiento y ha asegurado que el expediente se ha tramitado con “total celeridad” desde que aparecieron indicios de una posible irregularidad. En este sentido, ha recordado que el 26 de agosto se levantó un acta de infracción urbanística y se inició el correspondiente expediente administrativo.
Posteriormente, según explica Sánchez, el pasado viernes se comunicó a Alcaldía la existencia de un documento de autorización que no se correspondía con la obra objeto de inspección, circunstancia que podría ser constitutiva de un posible delito.
“Inmediatamente puse los hechos en conocimiento de la Secretaría General del Ayuntamiento y se ordenó que se remitiera el expediente a los Tribunales, presentándose ese mismo día”, ha señalado la alcaldesa.
Sánchez también ha explicado que, al encontrarse Manuel Almazo fuera del país cuando se conocieron los hechos, mantuvo una conversación telefónica con él y le comunicó que se procedería al cese de sus competencias.
La alcaldesa sostiene que tomó esta decisión ante la gravedad de la situación y ante la posibilidad de que pudieran entrar en conflicto los intereses municipales con los particulares del entonces concejal.
Asimismo, asegura que solicitó a Almazo la entrega de su acta con el objetivo de evitar dudas sobre la tramitación del expediente y sobre su posible acceso a la información en su condición de cargo público.
Sánchez ha incidido además en que Almazo mantiene la presunción de inocencia y su derecho a ejercer su defensa, incluida la vía judicial.
Respecto a las críticas de los grupos de la oposición por el tiempo transcurrido hasta que pudieron acceder a la documentación, la alcaldesa ha asegurado que los plazos se corresponden con el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.
Según su versión, desde el principio se ordenó poner la documentación a disposición de los miembros de la Corporación que la habían solicitado, recordando que, en su condición de concejales, están sujetos al deber de reserva.
Sánchez ha afirmado que los miembros de la Corporación tuvieron acceso al expediente antes que el propio Almazo, cuyo acceso como interesado fue autorizado el pasado 18 de septiembre, después de que presentara su solicitud el día 6.
“Quienes me acusan de complicidad o encubrimiento representan la política del ‘todo vale’”, ha manifestado la alcaldesa.
La regidora ha insistido en que el portavoz del PP conocía la información disponible y había recibido las explicaciones de los técnicos municipales, pero, según sostiene, habría omitido deliberadamente que ella misma puso los hechos en conocimiento de la Secretaría General y ordenó su traslado a la Justicia el mismo día en que tuvo conocimiento de los indicios.
La controversia se produce en paralelo a la investigación del expediente urbanístico y a las responsabilidades que puedan determinarse en las distintas vías, mientras la alcaldesa defiende que la actuación municipal se ajustó a sus competencias y que las posibles responsabilidades deberán esclarecerse por las instancias correspondientes.
