La formación plantea una compensación estatal por la ocupación de cerca del 40% del término municipal y la pérdida de usos económicos.
La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha instado al Gobierno a establecer una compensación económica anual de cuatro millones de euros para el municipio de Barbate por la servidumbre militar derivada del uso del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín.
Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso, la diputada defendió la necesidad de crear un mecanismo específico que compense tanto la ocupación de estos terrenos como la pérdida de ingresos y de usos municipales. Según explicó, esta compensación podría materializarse mediante una asignación fija en los Presupuestos Generales del Estado o a través de inversiones dirigidas a impulsar la actividad industrial sostenible, mejorar infraestructuras y reforzar los servicios públicos.
El Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín ocupa unas 5.400 hectáreas, lo que supone cerca del 40% del término municipal de Barbate. Se trata de un enclave estratégico para la Armada y para maniobras de la OTAN, donde se desarrollan ejercicios anfibios, tácticos y de tiro que limitan de forma habitual el acceso público y condicionan la actividad económica local.
Gil de Reboleño denunció que, pese a estas restricciones, el Ayuntamiento de Barbate no recibe ninguna contraprestación económica por el uso militar de estos terrenos, a diferencia de otros municipios como Rota o los vinculados a la base aérea de Morón, que sí cuentan con compensaciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado en el marco del convenio bilateral con Estados Unidos.
En este sentido, la diputada subrayó que Barbate soporta una afección territorial “muy superior” a la de otros municipios compensados, sin recibir ayudas equivalentes. Además, recordó que el Consistorio lleva años reclamando este reconocimiento, señalando que las instalaciones militares no abonan tasas municipales ni generan ingresos que compensen la limitación del uso del suelo.
Según las estimaciones municipales, una compensación anual de cuatro millones de euros permitiría paliar el impacto económico de la ocupación y mejorar la capacidad inversora del Ayuntamiento. Esta reivindicación ha sido respaldada por campañas ciudadanas e iniciativas políticas tanto en el Parlamento andaluz como en las Cortes Generales.
Finalmente, la diputada criticó la postura del Gobierno, que sostiene que las instalaciones no vinculadas a acuerdos internacionales no justifican compensaciones económicas, argumentando que la presencia militar ya genera actividad indirecta en la zona. Frente a ello, Sumar insiste en la necesidad de reconocer la “deuda histórica” con Barbate y articular un plan plurianual que atienda esta situación.
