jueves, marzo 12, 2026
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IU Conil lleva al Parlamento andaluz la exclusión del comedor escolar de UPACE San Fernando

La formación reclama a la Junta de Andalucía garantizar el servicio y aliviar la carga económica de las familias afectadas.

Izquierda Unida de Conil ha anunciado que llevará al pleno de marzo una moción en el Parlamento de Andalucía para abordar la pérdida de financiación del comedor escolar del Centro de Educación Especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a UPACE San Fernando. La decisión de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa de la Junta de Andalucía para el curso 2025/2026 afecta directamente a siete familias del municipio y puede suponer un coste cercano a los 1.000 euros anuales por familia.

Según IU, la convocatoria autonómica destinada a financiar los comedores de 19 centros de educación especial en Andalucía ha resultado claramente insuficiente: solo seis centros han sido beneficiarios, once han quedado como suplentes y dos, entre ellos uno gaditano, han sido excluidos. La formación denuncia que el comedor escolar no puede considerarse un servicio complementario, sino parte del proyecto curricular, ya que en estos centros el horario de comedor forma parte del proceso educativo y del desarrollo de la autonomía personal del alumnado.

Muchos alumnos presentan parálisis cerebral u otras discapacidades que afectan funciones básicas como masticar o tragar, por lo que requieren la presencia de profesionales especializados en control postural y disfagia. IU denuncia que los criterios de baremación de la convocatoria no consideran la especial necesidad de recursos humanos y materiales ni la vulnerabilidad de las familias, generando un coste que muchas no pueden asumir.

Por ello, Izquierda Unida reclama a la Junta de Andalucía que incremente de manera urgente la partida presupuestaria destinada a estas ayudas, revise los criterios de selección y estudie la incorporación del coste del comedor dentro del régimen de conciertos educativos de los centros de educación especial, garantizando así que el acceso a este servicio sea un derecho vinculado al currículo educativo y no dependa de convocatorias competitivas.

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