Fomento actúa tras romper el propietario el precinto y continuar las obras pese a la orden de suspensión.
La Junta de Andalucía ha ejecutado este miércoles la demolición de una vivienda ilegal y el cierre de tres parcelas en suelo rústico en la zona de la Ribera de la Oliva, en Barbate. La actuación ha sido desarrollada por la inspección urbanística autonómica después de que el propietario de una edificación en construcción rompiera el precinto impuesto con anterioridad y continuara las obras, desoyendo la orden de suspensión dictada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
El operativo se ha llevado a cabo con normalidad y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la participación de la Policía Local de Barbate, la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y efectivos de la Guardia Civil de la localidad.
Las demoliciones fueron ordenadas tras la tramitación de los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial y contaron con la preceptiva autorización judicial de entrada para la demolición de la vivienda. La intervención autonómica responde a una solicitud del Ayuntamiento de Barbate, que en 2021 alertó sobre la situación irregular de la zona y su falta de medios para actuar, solicitando el apoyo de la inspección urbanística de la Junta.
Durante las inspecciones realizadas, la Junta detectó un crecimiento alarmante de la venta de parcelas y la implantación de mobil homes sin licencia, muchas de ellas con fosas sépticas o vertidos fecales directos a las marismas. En una primera visita de inspección, realizada en diciembre de 2021, se constataron numerosas edificaciones en construcción sin licencia urbanística, consideradas ilegales e ilegalizables. Desde entonces, se han tramitado más de un centenar de expedientes de protección de la legalidad y otros tantos sancionadores.
Paralelamente a las actuaciones administrativas, se están desarrollando procedimientos de carácter penal. La Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y el urbanismo ha incoado diversas diligencias de investigación, al considerar que la construcción en suelo rústico sin licencia puede constituir un delito contra la ordenación del territorio. En este sentido, la Fiscalía provincial de Cádiz ha remitido denuncias a los Juzgados de Instrucción en relación con las viviendas levantadas en las parcelaciones denunciadas.
Con estas actuaciones, la inspección autonómica busca frenar la ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición y evitar el grave impacto medioambiental derivado de los vertidos incontrolados de residuos humanos procedentes de las construcciones ilegales. Esta es la segunda demolición de una vivienda en la zona, tras un primer derribo ejecutado en abril de 2024.
La intervención se ampara en el marco normativo establecido por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, que ha reforzado las competencias de la inspección urbanística autonómica, permitiéndole actuar de forma directa y preventiva frente a infracciones territoriales en suelo rústico y aumentar así las actuaciones para la preservación del territorio.
