El Consistorio reclama a la Junta de Andalucía más financiación y recursos para garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
El Ayuntamiento de Conil de la Frontera ha mostrado su apoyo a las familias afectadas por la exclusión del Centro de Educación Especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a UPACE San Fernando, de la subvención destinada al servicio de comedor escolar para el curso 2025/2026.
La decisión, adoptada por la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa de la Junta de Andalucía, ha generado una profunda preocupación entre los padres y madres del alumnado, entre los que se encuentran varias familias de Conil. Según denuncian, la dotación presupuestaria ha sido insuficiente y no ha tenido en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
De acuerdo con los datos trasladados por las familias, a la convocatoria concurrieron 19 centros de educación especial de toda Andalucía, de los cuales solo seis han sido beneficiarios. Otros once han quedado como suplentes y dos han sido excluidos, entre ellos el centro UPACE de San Fernando.
Ante esta situación, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha trasladado personalmente el respaldo del Ayuntamiento a las familias del municipio afectadas, ofreciéndoles además colaboración y apoyo. “Exigiremos y estaremos en todo momento junto a las familias afectadas, solicitando a la Junta de Andalucía un aumento del presupuesto destinado a este tipo de convocatorias, así como mayores recursos humanos y materiales”, ha señalado.
Las familias insisten en que el comedor escolar es un servicio esencial para el desarrollo educativo, la salud y la integración del alumnado con discapacidad, y consideran que no debería depender de convocatorias competitivas ni de limitaciones presupuestarias.
En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que garantizar los recursos necesarios para el alumnado con necesidades educativas especiales “no debe ser una cuestión secundaria, sino una prioridad para las administraciones públicas si se quiere asegurar una educación inclusiva y de calidad”.
