La diputada Esther Gil reclama la inscripción de las hectáreas que el Supremo declaró de dominio estatal y pide fecha para la mesa de diálogo anunciada para 2025.
La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno para conocer qué actuaciones prevé impulsar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de inscribir y reconocer formalmente la titularidad pública de las hectáreas de la Laguna de la Janda que, según la sentencia del Tribunal Supremo de 1967 y los deslindes de la época, pertenecen a la Administración General del Estado.
Gil también reclama saber cuándo tiene previsto el Ejecutivo convocar la mesa de diálogo sobre la recuperación de la Laguna de la Janda, un compromiso adquirido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para septiembre de 2025.
En su exposición, la diputada recuerda que la laguna —situada entre Vejer de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas y Tarifa— fue el mayor humedal interior de la península ibérica, con más de 4.000 hectáreas inundadas, y que su localización en el corredor migratorio del Estrecho la convierte en un enclave ecológico clave para miles de aves acuáticas y migratorias.
Asimismo, denuncia que, pese a su valor ambiental y a la sentencia de 1967 que reconocía que al menos un tercio del antiguo vaso lagunar pertenece al dominio público hidráulico estatal, la resolución nunca llegó a ejecutarse. Esto permitió que los grandes propietarios mantuvieran el control privado de los terrenos tras la desecación forzosa en los años 50.
Sumar también señala la actuación de la Junta de Andalucía, que concluyó en un expediente de investigación patrimonial que los terrenos son privados, basándose en títulos ligados a la concesión otorgada para la desecación. No obstante, la propia Junta remitió el expediente al Ministerio hace dos años para que determinara oficialmente la existencia de dominio público hidráulico, sin que hasta la fecha se haya dictado una resolución definitiva.
