La formación señala que el pleno municipal bloqueó el debate sobre la empresa pública ROSAM, generando preocupación por la participación ciudadana y la estabilidad financiera de la entidad
En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, el equipo de gobierno impidió debatir asuntos relacionados con la empresa pública ROSAM, pese a la relevancia que esta entidad tiene para la localidad.
Izquierda Unida presentó una moción, impulsada inicialmente por el CODAC (Colectivo de Asociaciones de Vecinos de Conil), para instar a la Junta General de ROSAM a modificar los estatutos y garantizar la participación de las asociaciones de vecinos. La propuesta de IU incluía también la participación del sector económico local y de los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos, siguiendo la línea de gobiernos anteriores de Izquierda Unida.
El equipo de gobierno bloqueó el debate, lo que según IU evidencia falta de transparencia y democracia, al limitar la discusión sobre asuntos que afectan directamente a los servicios públicos y al futuro del municipio. Desde la formación política critican que el actual gobierno, que previamente había denunciado la escasa participación de ROSAM, ahora excluye a los colectivos sociales y reparte el consejo de administración entre familiares y afines políticos.
A esta situación se suma un problema económico grave: el Ayuntamiento mantiene deudas con ROSAM de 480.000 euros por el servicio de autobús urbano y 200.000 euros por el servicio de ayuda a domicilio, generando un agujero financiero que compromete la estabilidad de la empresa y su capacidad para desarrollar proyectos esenciales, como la construcción de viviendas de protección oficial.
Desde IU advierten que ROSAM es clave para garantizar servicios públicos de calidad y atender necesidades sociales. La falta de pagos, la exclusión de la ciudadanía y la negativa a debatir en el pleno ponen en riesgo su futuro. Por ello, instan al equipo de gobierno a regularizar los pagos pendientes, restablecer la participación social en los órganos de decisión y garantizar la viabilidad de ROSAM, advirtiendo que, de lo contrario, su gestión podría cuestionarse seriamente ante la ciudadanía.
