La memoria anual denuncia falta de medios, macrocausas de narcotráfico y retrasos que ponen en riesgo procesos penales
La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha vuelto a poner el foco en la situación crítica que atraviesan los juzgados de la provincia de Cádiz. En su Memoria anual correspondiente a 2024, el Ministerio Público expresa su “profunda preocupación” por el colapso que sufren, en especial, los juzgados mixtos de Barbate, Chiclana y del Campo de Gibraltar. Según el informe, estos órganos judiciales se encuentran «desbordados» por un exceso de trabajo, la acumulación de macrocausas relacionadas con el narcotráfico y la falta de jueces, fiscales y funcionarios.
La Fiscalía denuncia además el carácter “anacrónico” del actual sistema procesal, cuya obsolescencia genera dilaciones indebidas que acaban paralizando procedimientos, provocando prescripciones y rebajando las condenas a acusados mediante la aplicación de atenuantes.
En el caso concreto de Barbate, el informe ha dado nuevo impulso a una reivindicación histórica. El alcalde, Miguel Molina, ha recordado que la creación de un tercer juzgado es una petición reiterada desde hace años y ha anunciado que volverá a plantearla en la próxima Junta Local de Seguridad, prevista para el 28 de septiembre.
El Consistorio vincula esta sobrecarga con el incremento de procedimientos abreviados y diligencias urgentes, en su mayoría ligados a delitos de narcotráfico y al uso de embarcaciones rápidas en la costa gaditana. La situación alcanzó un punto dramático el pasado 9 de febrero, cuando dos guardias civiles perdieron la vida en el puerto de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha.
La preocupación de la Fiscalía también ha sido respaldada por colectivos sociales. Francisco Mena, presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, ha calificado la Memoria de 2025 como “una radiografía muy certera” de la realidad del narcotráfico en Cádiz.
Mena ha advertido de que las dilaciones judiciales son aprovechadas por las defensas de los narcotraficantes para reducir condenas o lograr archivos de causas, por lo que ha pedido al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia modificaciones en el Código Penal que permitan dar respuesta a prácticas como el petaqueo —el suministro de combustible a narcolanchas—, cada vez más extendidas.
“El día que ocurra una desgracia mayor, todos se preguntarán cómo fue posible. La Fiscalía está marcando el camino y pedimos que se la escuche. El narcotráfico tiene dinero, tiempo e imaginación, por eso necesitamos más medios, no solo en las Fuerzas de Seguridad, sino también en la judicatura”, ha subrayado.
