Desde la OPP72 de Conil se insiste en que, pese a la recuperación histórica de la especie, de excluye de manera sistemática a las embarcaciones artesanales y reclama equidad en el acceso a un recurso clave para su supervivencia
El sector pesquero artesanal del litoral gaditano ha celebrado con satisfacción la recuperación del atún rojo (Thunnus thynnus) a niveles históricos, un éxito medioambiental que confirma la eficacia de las medidas de gestión y conservación adoptadas en los últimos años. Sin embargo, esta buena noticia contrasta con una creciente preocupación: el reparto de la cuota de esta especie sigue dejando fuera a las pequeñas flotas que practican pesca sostenible.
Las organizaciones del sector denuncian que las flotas artesanales están siendo sistemáticamente excluidas del acceso al atún rojo, a pesar de cumplir de forma rigurosa con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Una exclusión que, advierten, está empujando a la desaparición progresiva de un modelo pesquero centenario y responsable.
“El reparto actual es profundamente injusto”, señala Raúl García, coordinador de Pesquerías de WWF España. “En puertos como el de Tarifa, hay embarcaciones con apenas 1,5 toneladas de cuota de atún rojo, mientras grandes empresas concentran más de 3.700 toneladas para engorde. Es un sistema desequilibrado que necesita una reforma urgente”.
La situación se agrava aún más por la escasez de especies tradicionales en los caladeros del Estrecho de Gibraltar, afectadas por el cambio climático, la proliferación del alga invasora Rugulopteryx okamurae y la permanencia de una colonia estable de atunes que altera el equilibrio de los ecosistemas marinos.
En solo una década, la flota artesanal del puerto de Conil se ha reducido a la mitad: de más de 80 embarcaciones censadas en 2015, hoy apenas quedan 40. Para Nicolás Fernández, gerente de la OPP72, el Gobierno de España “tiene la obligación legal de garantizar una distribución justa, en base a la Ley 5/2023 de Pesca Sostenible”. Asimismo, criticó el silencio de la Junta de Andalucía, que “no ha mostrado un respaldo claro a las demandas del sector”.
Desde el sector instan a las Administraciones públicas a corregir de forma urgente este desequilibrio, garantizar el acceso justo a los recursos y asegurar la supervivencia de un modelo de pesca que representa sostenibilidad, empleo y cultura en las comunidades costeras del sur de España.
