Ordenación del Territorio ha realizado una nueva actuación este miércoles sobre urbanizaciones irregulares en suelos rústicos protegidos, tras el derribo de una vivienda el pasado año
Inspectores de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, con apoyo de la Guardia Civil, SEPRONA, Policía Autonómica y Policía Local de Barbate, han llevado a cabo este miércoles un nuevo operativo de precinto en el paraje conocido como “Ribera de la Oliva”, en el término municipal de Barbate. La actuación se enmarca dentro del refuerzo de medidas contra la expansión de parcelaciones ilegales en zonas de especial protección ambiental.
En total, se han precintado 53 nuevas parcelas donde se estaban realizando obras de vallado, instalación de viviendas prefabricadas y construcciones sin autorización alguna. Todo ello en un suelo rústico común, pero con una elevada sensibilidad ambiental al situarse en la Zona de Influencia del Litoral, junto a las Marismas de Barbate, un espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000 como Parque Natural, Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Monte Público.
Este nuevo dispositivo, solicitado por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, da continuidad a operativos anteriores y se desarrolla tras la detección de nuevas ocupaciones ilegales tras la última intervención realizada en octubre, cuando fueron precintadas 60 parcelas. Dentro de este operativo ya se llevó a cabo el derribo de una vivienda hace justamente un año.
Los trabajos se ejecutan en el marco de cinco expedientes administrativos de restablecimiento de la legalidad territorial, notificados a los propietarios el pasado mes de marzo. En ellos se ordenaba la suspensión inmediata de cualquier actividad urbanística en los lotes afectados, dado el carácter manifiestamente ilegal de las edificaciones.
El objetivo de la Inspección autonómica es frenar la ocupación de los lotes aún vacantes, especialmente los más próximos a la marisma, donde habitar supone un alto riesgo de inundaciones y un impacto directo sobre el ecosistema. Según la Junta, estas construcciones vierten residuos humanos de forma incontrolada, agravando el deterioro del medio natural.
La actuación está coordinada con la Fiscalía Provincial de Cádiz, dado el posible carácter delictivo de las actuaciones urbanísticas en esta zona especialmente protegida.
