La primera jueza que investigó la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en la localidad el año pasado ha sufrido un acto vandálico en su vehículo que estaba aparcado en la puerta de su domicilio
La jueza María Eulalia Chanfreut, encargada de la instrucción del caso Barbate, que investiga la muerte de dos guardias civiles arrollados por una lancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, ha denunciado ante la Guardia Civil la vandalización de su vehículo. Según informó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la jueza encontró el pasado 8 de marzo su coche con las cuatro ruedas pinchadas y con pintura rociada en el capó, techo y laterales, además de la sustracción del símbolo de la marca del fabricante.
La jueza instruye el caso en el que los agentes Miguel Ángel González y David Pérez perdieron la vida tras ser arrollados por una lancha de narcotraficantes. Además, investiga la posible responsabilidad penal de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron la intervención esa fatídica noche.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha exigido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia que implementen medidas de protección adecuadas para los jueces que lidian con casos de alta complejidad y riesgo. Sergio Oliva, portavoz de la asociación, ha señalado la necesidad urgente de regular el resarcimiento de daños a los miembros de la carrera judicial.
Por su parte, el sindicato Jupol, de la Policía Nacional, ha expresado su «firme respaldo» a la labor de la jueza y ha denunciado la «impunidad» con la que actúan los narcotraficantes. La organización también ha mostrado su preocupación por el fracaso del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que no ha logrado frenar el aumento de la violencia en la zona.
Jupol ha solicitado una reforma legislativa que endurezca las sanciones contra el narcotráfico y ha urgido al reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo, para garantizar mejores condiciones de seguridad y laborales para los agentes. Además, ha pedido que la provincia de Cádiz sea declarada como Zona de Especial Singularidad para obtener más recursos en la lucha contra el narcotráfico.
