En concreto se investigan diferentes movimientos bancarios efectuados a su favor desde las cuentas de la iglesia porque, según su versión, estaba siendo extorsionado tras adoptar a un menor
Esta semana se está celebrando en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio contra el sacerdote Antonio Casado por el desvío de 513.000 euros de la parroquia del Divino Salvador de Vejer entre los años 2014 y 2018.
En concreto se investigan diferentes movimientos bancarios efectuados a su favor desde las cuentas de la iglesia porque, según su versión, estaba siendo extorsionado tras adoptar a un menor en Guinea Ecuatorial en el año 2007.
Antes de recalar en la parroquia de Vejer, en 2012, Antonio Casado había sido capellán en un orfanato en Guinea, explicando no trajo a España al niño por capricho, el cónsul le pidió una evacuación urgente del menor, puesto que estaba enfermo, según ha recordado en el juicio.
Muchos años después, ya en España y con el menor ya inscrito como suyo en el Registro Civil de Chiclana, era el encargado de administrar los bienes de la parroquia de Vejer que calificó de «rica», detallando que, cuando él llegó, ya había habilitadas hasta nueve cuentas corrientes, según recoge la información publicada por Diario de Cádiz.
En el caso hay una mujer procesada como cooperadora necesaria: Miguela Domingo. En los escritos de la preadopción, el cura y esta mujer están inscritos como pareja, sin hacer mención a su condición de sacerdote.
Finalmente el niño fue adoptado sólo por el párroco. Antonio Casado negó en rotundo esa supuesta connivencia y rechazó que desviara los fondos parroquiales para asegurar una vida «desahogada» a Miguela, al niño y a él mismo.
