Los inspectores de la Dirección General de Ordenación del Territorio han procedido a informar a los vecinos afectados de los expedientes abiertos y las posibles sanciones por construir irregularmente
La Consejería de Fomento está llevando a cabo labores de precinto y suspensión de obras en relación con nuevas parcelas ilegales detectadas en la zona de la Ribera de la Oliva del término municipal de Barbate, dentro de la zona de policía del Dominio Público Hidráulico del Arroyo denominado de Mondragón, perteneciente a la demarcación del Guadalete-Barbate.
Según ha indicado la Junta en una nota, «a pesar de la contundencia de las medidas adoptadas en años anteriores, en los que se han precintado entorno a un centenar de parcelas y edificaciones ilegales y se ha ejecutado la demolición de una vivienda, el proceso parcelatorio ilegal continúa en terrenos de la zona a día de hoy». Con estas medidas de precinto y suspensión la Inspección de Ordenación del Territorio fomenta la prevención para no tener que llegar a consecuencias que implican la demolición de viviendas como la que se efectuó a escasos 500 metros en abril del presente año.
De las actuaciones previas de investigación se advierte por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía que otras cuatro parcelas registrales habían sido divididas en ejecución en un plan preconcebido que ha provocado la división del terreno en alrededor de 60 lotes. Así, la parcelación urbanística detectada se compone de un conglomerado de parcelas próximas entre sí, pero que responden a un patrón único parcelatorio, deducible por la continuidad de las calles abiertas, por la propia tipología edificatoria y por el tamaño de los lotes resultantes. Aunque la mayor parte de parcelas se encuentran aún expeditas, en algunas existen ya edificaciones terminadas y la mayor parte está rodeada por muros ciegos para dificultar que los actos edificatorios ilegales y la actividad que se desarrolla en su interior pudiera visibilizarse desde el exterior.
Como viene siendo habitual en este tipo de operaciones, la Inspección ha citado a pie de parcela a todos los propietarios conocidos y ha publicado en boletines oficiales el día y la hora en que se realizaría el operativo, favoreciendo que los propietarios puedan alegar en presencia de los inspectores lo que estimen oportuno para la defensa de sus intereses.
Ante la envergadura de la parcelación, las operaciones se han practicado en dos días, procediendo a practicar precintos y a colocar diligencias informativas de la orden de suspensión del uso en la mayor parte de los lotes.
En la jornada de ayer martes, día 22, se practicaron precintos y diligencias informativas en un total de 25. Asimismo se cortó el suministro de electricidad por operarios de Endesa por estrictos -y alarmantes- motivos de seguridad seguridad tal y como se recoge en acta levantada conjuntamente por los inspectores, los operarios de la compañía y la policía autonómica, «al haberse constatado la ilegalidad de la acometida, realizada sin ningún tipo de permiso ni autorización, el peligro para las personas residentes en la parcelación por las condiciones del cableado, por la ausencia de contadores de luz y porque al no contar con proyecto no presenta condiciones de seguridad necesarias para la red subterránea en derivaciones».
Al mismo tiempo, las edificaciones «estaban vertiendo residuos incontrolados en el subsuelo, habiéndose constatado la posible captación ilegal de agua desde un pozo situado en las inmediaciones».
Durante este miércoles se han continuado las labores sobre otros lotes hasta completar la totalidad del ámbito, con un total aproximado de 60.
De todas estas actuaciones se ha procedido a dar traslado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y urbanismo de Cádiz, ya que la construcción ilegal de viviendas en suelo rústico puede ser constitutivo de delito.
Asimismo, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo incoará expedientes sancionadores frente a todos los responsables de las actuaciones, para lo cual se están realizando actuaciones de investigación en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y Guardia Civil).
