Acusan al equipo de gobierno de ignorar irregularidades y de permitir que la deuda millonaria con Aqualia crezca, exigiendo transparencia y una gestión pública del servicio
Izquierda Unida Barbate ha denunciado públicamente la falta de transparencia y la “pésima gestión” por parte del equipo de gobierno de AxSí y el Partido Popular (PP) en relación al contrato del agua con Aqualia. Según IU, después de más de diez años en el poder y más de dos gobernando en coalición con el PP, el alcalde Miguel Molina ha intentado eludir su responsabilidad por la deuda millonaria contraída con la empresa concesionaria, culpando a terceros en lugar de asumir los errores de su propia gestión.
Desde la formación de izquierdas defienden que la gestión del agua debe ser pública. “Cuando se deja en manos privadas, se prioriza el negocio antes que el derecho de la ciudadanía”, argumentan. IU considera que el problema del contrato con Aqualia no se limita al hecho de que éste fuera “beneficioso para la empresa y perjudicial para Barbate”, sino también a que el actual equipo de gobierno no ha fiscalizado el contrato durante más de una década. “El alcalde se excusa diciendo que el contrato está blindado, pero los contratos no son inamovibles si hay incumplimientos. Para eso existe la fiscalización, algo que el alcalde se ha negado a hacer”, aseguran desde IU, quienes también critican que el gobierno local haya guardado una auditoría que, según sus propias conclusiones, “revelaba irregularidades suficientes para quitar la concesión a Aqualia”.
La denuncia también señala una contradicción por parte del PP. En el Pleno del 14 de mayo de 2012, el portavoz del Partido Popular afirmó que Aqualia estaba “haciendo un traje a medida”, pero, más de una década después, el mismo partido ha pasado de criticar la concesión a ser cómplice de su mantenimiento sin ningún tipo de control. En cuanto al alcalde y su partido, AxSí, IU recuerda que en su día defendieron el lema “Agua Pública Ya” y denunciaron los abusos de la empresa concesionaria. “La realidad es que ahora los ciudadanos de Barbate deben asumir una deuda millonaria con Aqualia debido a la negativa del gobierno local a actualizar las tarifas del agua anualmente, una medida que consideraron impopular porque les habría restado votos”, señalan desde Izquierda Unida.
IU también apunta que, finalmente, la actualización de tarifas se tuvo que aplicar por orden judicial, con los correspondientes intereses, lo que ha generado un coste aún mayor para la ciudadanía. “Si el contrato estaba tan blindado, ¿por qué no se fiscalizó desde el primer momento?”, cuestionan. En 2015, la Plataforma del Agua ya había denunciado varios incumplimientos y fraudes que iban en contra de la Ley de Consumidores y Usuarios. En una comisión de seguimiento de Aqualia celebrada ese año, la empresa sustituyó los contadores de agua de 13 mm por otros de 15 mm, alegando que los primeros ya no se fabricaban. Sin embargo, la Plataforma presentó pruebas documentales que demostraban que los contadores de 13 mm seguían en producción, lo que puso en evidencia prácticas irregulares de la concesionaria. A partir de esa reunión, el alcalde y Aqualia dejaron de invitar a los partidos políticos de la oposición y a la Plataforma a las reuniones de seguimiento, eliminando cualquier intento de fiscalización.
En 2015, el Ayuntamiento aprobó la creación del Pacto Social por el Agua, un espacio destinado a buscar soluciones a los problemas del agua en Barbate. Sin embargo, tras una única reunión, el alcalde dejó de convocarlo. IU recuerda que solicitó formalmente su reactivación el 6 de septiembre de 2023, pero no obtuvo respuesta. “Si realmente hubiera voluntad de solucionar el problema, se habrían reunido a todas las partes implicadas, pero el gobierno municipal ha optado por la inacción, permitiendo que la deuda siga creciendo y que el precio del agua continúe en aumento”, denuncian.
Esta falta de gestión ha supuesto un enorme coste para los ciudadanos, tanto en forma de intereses pagados a Aqualia como en el encarecimiento del servicio. Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue priorizando “eventos y campañas de imagen” en lugar de buscar soluciones reales. El Partido Popular, como socio de gobierno, también ha sido señalado como responsable directo de la situación, ya sea por decisión propia o por dejación de funciones.
Desde Izquierda Unida Barbate exigen la “publicación de todos los informes de fiscalización” y la “divulgación de la auditoría ya realizada”. Además, han mostrado su apoyo a cualquier movilización ciudadana que reclame una gestión del agua “justa y transparente”. En su comunicado final, IU concluye: “El agua no es un negocio y Barbate no está en venta”.
